La creación de nuevas entidades públicas no garantiza una solución a los problemas de la formalización minera en el Perú , advirtió Ángel Chávez, consejero de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, al analizar los alcances de la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE ).
En entrevista con Rumbo Minero Central, el especialista cuestionó que se plantee establecer un nuevo organismo para conducir este proceso, cuando el Estado ya cuenta con instituciones que podrían asumir dicha responsabilidad.
“Yo vengo del mundo jurídico, pero no creo que la ley solucione todos los temas, ni creo que tampoco estar creando organizaciones constantemente vaya a solucionar problemas”, sostuvo el abogado.
Chávez consideró que la creación de una nueva institución no necesariamente permitirá obtener mejores resultados en la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales.
Como ejemplo, mencionó experiencias de entidades públicas que han experimentado cambios institucionales sin conseguir los resultados esperados.
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“No necesariamente creo que la creación de esta entidad va a mejorar. Bastaba, creo yo, con la Dirección General de Formalización”, afirmó.
En ese sentido, expresó sus reservas sobre la implementación del Formape (Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), contemplado en la propuesta de Ley MAPE, especialmente por los plazos que podría requerir su puesta en funcionamiento.
Por otro lado, el abogado destacó que uno de los aspectos más importantes de la propuesta es fortalecer la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales.
Explicó que actualmente existe información incompleta sobre las concesiones de beneficio otorgadas por los gobiernos regionales, lo que dificulta conocer el número de plantas autorizadas y sus niveles de producción.
Ante esta situación, consideró positivo reforzar la supervisión mediante organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Creo que enfocarnos en las plantas de alguna manera facilita el tema de la logística”, señaló, al considerar que su fiscalización permitiría un control más eficiente de la actividad minera.
